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La propuesta de economía digital fue finalmente aprobada como ley la mañana del 9 de abril, después de meses de negociaciones políticas e intensa presión por parte de la industria del entretenimiento y grupos activistas.

La propuesta de economía digital de 2010 fue, finalmente, apresurada por la Cámara en el periodo de cierre, para que pudiera ser aprobada por Su Majestad antes de que el Parlamento cerrara sesión el lunes.

A pesar de ser promovida por las industrias creativas como un paso vital para detener la pérdida de millones de libras, asegurar trabajos e inversiones, muchos en el otro lado de la moneda han expresado un importante descontento.

El Grupo de Derechos Abiertos (Open Rights Group) reaccionó agresivamente contra las noticias de la aprobación de la ley, inicialmente publicando en su sitio web una imagen de una mano haciendo un gesto con el dedo, junto con la leyenda: "Lo que el Parlamento piensa de tus derechos en Internet."

"Qué problema. Medidas para permitir la desconexión de individuos de Internet, por periodos indefinidos de tiempo, leyes de bloqueo en web, todas sin escrutinio real y con limitado debate", escribió el director ejecutivo del ORG Jim Killock, en una publicación en su blog.

"Un grupo de rebeldes del Partido del Trabajo - con apoyo de los Demócratas Liberales - llevaron a cabo unas cuantas enmiendas para tratar de aprobar la propuesta. En dos horas y fracción, el debate había terminado y la propuesta procedió sin lidiar con ninguno de los temas sustanciales."

Algunas provisiones de la ley pueden entrar en acción inmediatamente. Sin embargo, es probable que muchos de los aspectos más controversiales referentes a la infracción en derechos de autor requieran consultas públicas subsecuentes, dándole a los grupos activistas y otros interesados una nueva oportunidad de que su voz sea escuchada. También se requerirá aprobación a nivel de la Unión Europea.

Se planea además un proceso afirmativo al comienzo del siguiente Parlamento, en donde los ministros tendrán otros 60 días para escrutinizar las provisiones que le permitirán al Secretario de Estado bloquear sitios infractores.