• Tweet

Tribunal decidirá si los fiscales deben mostrar más que "Causas Razonables"

En un caso con implicaciones generales de privacidad, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, escuchará el jueves los argumentos sobre las normas mínimas legales que los fiscales deben cumplir cuando se les soliciten los datos de ubicación del teléfono celular para fines legales.

Los fiscales del caso han argumentado que para pedir los datos solo tienen que mostrar "causas razonables" para creer que los registros de teléfono celular son relevantes para una investigación en curso. Sin embargo, varios jueces de instancias inferiores y una coalición de grupos de privacidad argumentan que las autoridades deben tener “causas probables” más estrictas para solicitar dicha información.

El caso es importante porque es la primera vez que un tribunal federal de apelación inteviene sobre la norma jurídica que el gobierno debe utilizar al solicitar los datos del teléfono celular, dijo Jim Dempsey, vicepresidente de la politica publica del Centro para la Democracia y la Tecnología (CDT) en Washington

El CDT ha presentado un breve escrito en el caso amicus. "Creemos que la información de localización generadas por los historicos de teléfonos celulares muestran registros muy completos de informacion necesaria, incluso si no está haciendo una llamada", dijo Dempsey. "La premisa de nuestro argumento es el rastreo de datos del teléfono celular ya que son únicos, persistentes y reveladores".

Debido a esto, la solicitud gubernamental de los datos debe exigir una orden formal y no basarse únicamente en una causa razonable, dijo.

El fallo del tribunal será controlado técnicamente sólo en el Tercer Circuito, y será, en cierta medida más específico a los hechos de este caso, dijo Dempsey. Pero la decisión tendrá una influencia en la forma en que otros tribunales opinen a futuro, agregó.

El litigio tiene su origen desde la petición en el 2008 por los fiscales en Pittsburgh en los datos de localización del teléfono celular en relación con una investigación de narcóticos. La solicitud, presentada en virtud de la Ley de comunicaciones de almacenamiento (SCA) solicitó una orden judicial que requiere un proveedor de servicio celular para revelar los "registros de transacciones" de un presunto traficante de drogas.

La fiscalía quería que el proveedor de servicios incluyera los datos históricos de la torre celular, la información del sitio de la torre celular y otros datos de seguimiento, porque decían que había motivos razonables para creer que la información sería pertinente para su investigación en curso.

La SCA prohíbe a los proveedores de servicios de telecomunicaciones la revelación de los datos históricos para el gobierno sin autoridad legal adecuada. El gobierno sostuvo que la norma es una causa razonable que estaba obligada a obtener de la autoridad legal.

Sin embargo, el juez magistrado de Pittsburgh quién denegó la solicitud del Gobierno y sostuvo que el rastreo de datos de los telefonos celulares debe estar protegido en virtud de las disposiciones de la Cuarta Enmienda (Fourth Amendment).

En una sentencia de 52 páginas, el juez sostuvo que los demandantes necesitan obtener una orden formal donde manifiesten causas probables para creer que la información que se busca sería útil como prueba en una investigación penal.