Los miembros de la Unión Europea pronto podrían crear nuevas leyes que aumenten las penas mínimas de prisión para los dueños de botnets y atacantes cibernéticos que se encuentran en prisión.

La semana pasada, el comité del Parlamento Europeo de libertades civiles, justicia y asuntos interiores aprobó un proyecto para una directiva, la cual tiene como objetivo “aproximar las normas de legislación penal de los miembros en represión de los ataques a sistemas informáticos, así como mejorar la colaboración entre las autoridades judiciales y otras competentes”.

Está previsto presentar la propuesta al parlamento europeo en julio para llevar a cabo la votación, y de ser aprobada, la directiva se convertirá en una propuesta obligatoria para los miembros y así la tomen como base para modelar sus leyes respecto a los ataques cibernéticos.

Aquellas personas que sean encontradas culpables por acceder o interferir en sistemas informáticos, interceptando ilegalmente datos y comunicaciones o llevando a cabo intencionalmente la producción y venta de herramientas para llevar a cabo estos delitos, deberán ser condenadas a no menos de dos años  de prisión, establece el documento.

La pena máxima de prisión para aquel que realice un ataque contra “la infraestructura critica”, deberá  ser de al menos de cinco años (esto también aplica si el ataque es cometido por una organización criminal o si esto causa daños serios); en el caso de los dueños y creadores de botnets, deberán pasar por lo menos tres años en prisión.

Así mismo, la directiva establece que los miembros estarán obligados a responder en un lapso de ocho horas a las solicitudes urgentes de ayuda de otros miembros en caso de un ataque cibernético, y las empresas que contraten hackers para perturbar a la competencia deberán ser penalizadas. En casos como estos el gobierno podría cerrar la empresa o que ésta termine sin beneficios públicos.

Finalmente, la directiva haría distinción entre atacantes con o sin intención de delito (mediante pruebas o protección de sistemas informáticos), con el fin asegurar la protección de los denunciantes.